Los estados pueden retirar fondos a los proveedores de abortos: Medina vs. Planned Parenthood SouthAtlantic

En una decisión de 6 a 3, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que Carolina del Sur puede impedir que los fondos de Medicaid se destinen a Planned Parenthood, lo que otorgó a los defensores de la vida una importante victoria legal y moral. El caso, Medina contra Planned Parenthood South Atlantic , se centró en si los pacientes individuales de Medicaid tienen el derecho privado de demandar a los estados bajo la ley federal para exigir acceso a proveedores específicos, incluidas las clínicas afiliadas a abortos. La Corte determinó acertadamente que la Ley de Medicaid no otorga claramente tal derecho, otorgando esta autoridad a quien corresponde: a los legisladores electos, no a los jueces activistas.

Aunque Planned Parenthood presentó la disputa como una lucha por el acceso a la "atención médica general", la realidad es más clara: Carolina del Sur actuó para evitar que el dinero de los contribuyentes subvencionara a una organización que es la mayor proveedora de abortos del país. La ley federal ya prohíbe que los fondos de Medicaid financien directamente los abortos, pero como reconoció el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, el dinero es fungible, y cada dólar redireccionado debilita la infraestructura de la industria del aborto.

Este fallo reafirma que los estados tienen la autoridad moral y constitucional para establecer prioridades de atención médica que reflejen los valores de sus ciudadanos. Los cristianos deben celebrar este paso hacia la protección de la vida y aplaudir a la Corte por respetar los límites del poder judicial. A medida que continuamos impulsando una cultura de la vida, mantenemos nuestro compromiso de garantizar que los fondos públicos destinen una atención que verdaderamente afirme la vida: una atención que respete la dignidad de cada persona, nacida y no nacida.

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